Acusan millonaria colusión entre empresas de beneficios: FNE destapa acuerdo que se habría extendido por nueve años
Una extensa investigación de la Fiscalía Nacional Económica reveló un presunto esquema de colusión que habría operado durante casi una década en el mercado de beneficios de alimentación y vestuario en Chile, involucrando a dos de las principales compañías del sector y a exejecutivos de ambas firmas.
La acción fue presentada por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra Pluxee —antes conocida como Sodexo en Chile— y Edenred, además de cuatro exejecutivos, por un supuesto acuerdo para repartirse clientes y evitar competir en procesos públicos y privados entre marzo de 2013 y octubre de 2021.
De acuerdo con la acusación, las empresas habrían ejecutado un sistema destinado a mantener sus respectivas cuotas de mercado, evitando disputarse clientes y estableciendo mecanismos de compensación cuando una de las partes incumplía los acuerdos. La investigación sostiene que la conducta habría impactado tanto a empresas privadas como a organismos públicos que contrataban servicios mediante plataformas estatales.
La Fiscalía solicitó una multa de 41.744 Unidades Tributarias Anuales contra Pluxee, equivalente a cerca de 39,6 millones de dólares, además de sanciones para exejecutivos involucrados. En el caso de Edenred y tres de sus exdirectivos, pidió eximirlos de multas y responsabilidad penal tras acogerse al mecanismo de delación compensada establecido por ley.
Según el organismo persecutor, el mercado afectado presentaba un alto nivel de concentración, con ambas empresas acumulando conjuntamente más del 80% de participación, escenario que habría facilitado la coordinación y dificultado el ingreso de nuevos actores.
La investigación también expuso antecedentes sobre la forma en que presuntamente operaba el acuerdo. Entre ellos, comunicaciones realizadas mediante teléfonos prepago, correos personales y aplicaciones de mensajería para evitar rastros. Además, reuniones entre ejecutivos eran registradas bajo nombres aparentemente inocuos como “Desayuno con primos” o “Reunión con los primos”, una referencia a que ambas compañías compartían origen de capitales franceses.
Las diligencias también permitieron establecer supuestos mecanismos de coordinación en licitaciones, abstención de competir y acuerdos para compensar pérdidas de contratos mediante futuras adjudicaciones.
Desde la Fiscalía calificaron la eventual colusión como una de las infracciones más graves contra la libre competencia, al considerar que afectó servicios vinculados a necesidades esenciales como la alimentación de trabajadores y estudiantes.
